Cuatro meses después del anuncio de la convocatoria para cubrir 2 puestos de dirección en centros de protección de menores de Córdoba y cese fulminante e injustificado de la directora del Centro Lucano, cuya irregularidad denunció desde un primer momento la Sección Sindical de CGT en la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba...
CGT denuncia irregularidades en los procesos de cese y convocatoria de dos puestos de dirección dependientes de la Delegación de Igualdad de Córdoba.
CGT reitera la denuncia sobre graves irregularidades en Ceses y Nombramientos de los puestos de dirección de Centros de Protección de Menores de Córdoba
...y tres meses después de efectuada la selección para cubrir dichas plazas, otorgando una de ellas a la esposa de un Jefe de Servicio de la propia Delegación...
Como “DEDAZO EN IGUALDAD” titula la prensa el proceso de nombramiento de puestos de dirección en la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social, tal como viene denunciando la Sección Sindical de CGT en esta Delegación.
...lo que motivó el anuncio de esta Sección Sindical de su intención de querellarse contra la Delegada de Igualdad si se hacía efectivo dicho nombramiento...
La CGT anuncia una querella por prevaricación contra la Delegada de Igualdad en Córdoba Silvia Cañero
...y las consecuentes represalias contra este sindicato...
La Junta de Andalucía represalía a CGT en Córdoba por las irregularidades denunciadas por el sindicato en la delegación para la Igualdad y Bienestar Social.
...la Delegación se ve obligada a dar marcha atrás en su decisión y sacar de nuevo una plaza a concurso por supuesta renuncia de la persona seleccionada, renuncia que sospechamos fundadamente ha venido forzada desde Sevilla, ya que este proceso fue denunciado en su día ante la Consejera y la Dirección General de Función Pública y está teniendo una amplia cobertura en los medios de comunicación.
Gracias Silvia Cañero por ahorrarnos el proceso judicial, pero por favor, espabila, el Centro de Protección de Menores Lucano lleva ya 4 meses sin dirección y ni tan siquiera se ha habilitado al subdirector para cubrir temporalmente esta dirección y sobre tu conciencia quedan los 32.000 euritos que va a costar cada año esta movida (entre 20 y 24 meses de sustituciones para los Centros de esa Delegación).
Seguiremos expectantes al nuevo proceso de selección que se abre, tenemos las lupas preparadas. Seguiremos expectantes también a las nuevas represalias que vendrán contra esta Sección Sindical. Lástima de CGT, con lo buenos y comprensivos que son el resto de los sindicatos.
Y por encima de todo, nuestro apoyo y cariño a la trabajadora que ha sido cesada injustamente de su puesto de trabajo después de 33 años de servicio.
"Fue de lo mejor de mi vida" La Comunidad de Madrid cancela un programa que permite a menores tutelados vivir en pisos y hostales de forma independiente
DANIEL BORASTEROS - Madrid - 31/01/2010
La primera vez que se fugó tenía 14 años. Pasó el invierno subiendo y bajando por los adoquines de la acera para entrar en calor "por el ejercicio". Casi nunca dormía en el centro de acogida de la Comunidad de Madrid en el que vivía. "Escápate si quieres", recuerda que le decían "los de Servicios Sociales". Pasó dos años casi desaparecida. "Tenía un sinfín de denuncias". Hasta que con 17 años se integró en el programa de Vida Independiente, puesto en marcha por la Comunidad hace 10 años. "Yo era Inma, no una más". Desde entonces vivió en un piso compartido. Y empezó a estudiar. Y a trabajar. Se casó y mantuvo su empleo hasta ahora. Tiene 24 años y conserva la relación con sus tutores. "Fue de lo mejor de mi vida", resume.
Inma estuvo perdida hasta que empezó a vivir en una casa compartida
Pero ahora la Comunidad de Madrid quiere potenciar el control de estos chicos, que no tienen ninguna causa judicial pendiente ni trastornos de personalidad. La Administración regional quiere que haya respeto a los horarios, alimentación y rutina regladas. Por todos esos argumentos ha dado por concluido el programa Vida Independiente una década en funcionamiento y marcar la biografía de 800 menores tutelados por la Administración. El experimento se extingue. Los 1.800 menores cuya custodia depende de la Consejería de Asuntos Sociales tendrán una disciplina homogénea. Ya sólo quedan 30 chicos en estas condiciones, viviendo en hostales o en pisos compartidos sin la vigilancia constante de un educador. No se repetirá el tratamiento de choque de aquel adolescente marroquí, de carácter rebelde, que tocado con su gorra, de repente, se encontró viviendo en un hotel para ejecutivos. La sorpresa fue tan grande que acabó adaptándose a las convenciones sociales. No quería llamar la atención en un ambiente que le era completamente desconocido.
Un sistema que muchos expertos, incluidos algunos psiquiatras infantiles y especialistas en niños "problemáticos", considera "muy bueno para determinado perfil de adolescentes". Tan bueno que las cifras que aportan algunos de los responsables del programa hablan de un éxito del 70% en los 10 años de funcionamiento. La historia del proyecto comienza en 1999 y se ratifica con el Plan para la Infancia de 2002. Entonces, la Administración apuesta por ofrecer maneras distintas de adaptación a cada chico, según su carácter. "Ahora se han decidido por el almacenaje de niños", resume uno de los implicados en el proyecto. Una aseveración que no comparten desde el Instituto del Menor y la Familia, cuya titular es Paloma Martín. "No era buena idea tener a los chicos por ahí, como si fueran adultos, sin control", replican.
El perfil de los beneficiarios del programa corresponde a aquellos que no terminan de adaptarse a la rigidez de los centros, al anonimato de ser uno más en un lugar con niños de edades y circunstancias muy distintas. Un modelo de chico -aunque hay quienes creen que los mejor adaptados son los más adecuados para este tipo de vida independiente- que opta por la fuga. Los menores que se marchan pueden vivir meses en la calle o en casas ocupadas. La Comunidad pone una denuncia policial. "Si te escapas es tu problema", cuentan algunos chicos que es la respuesta de algunos cuidadores.
"Muchos de los niños siguen en la calle descontrolados", razona ahora Inma. Vestida de azul, pelo lacio oscuro y cara bastante infantil, conoce cada curva del trayecto de un menor bajo tutela administrativa. Sus padres "estaban enganchados a las drogas" y por eso el Gobierno regional la tuteló. Vivió en un internado hasta los ocho años. "Estaba bien, no conocía otra cosa". Pero a esa edad se marchó con una familia en régimen de preadopción. "Eso es como un piso de alquiler con opción a compra", escribe con ironía en unas breves memorias mecanografiadas.A los 13 años la adoptaron oficialmente. Pocos meses después, se desentendieron de sus dificultades. Regresó a la acogida. Y comenzó su vida de fugas y "cosas no muy buenas". Hasta que encontró acomodo en el programa.
Los chicos que participan en el programa tienen un seguimiento constante de un educador, una persona sin horarios que busca los lugares en los que vivirán, habla con sus responsables, sigue los pasos del tutelado y hasta les acompaña a hacer la compra para que aprendan a gestionar sus recursos. "Los hostales son familiares y el contacto con los dueños, que son quienes tienen las llaves, es cotidiano y continuo", explica José Manuel Íñiguez, de Comisiones Obreras y trabajador del Instituto del Menor y la Familia. "Del otro modo, sencillamente, estarían en la calle, sin trabajar y sin estudiar", resume Íñiguez.
En los pisos, que se buscan cerca de los centros de trabajo o estudio de los chavales, hay un control de asistencia diario. Aunque los horarios son "más negociables" si el chico "responde y es responsable". La consejería alaba el trabajo de los profesionales, pero dice que son pocos, siete, para 30 niños y que no les pueden vigilar adecuadamente.
"Si no hubiesen participado en este plan estarían perdidos, nunca se hubiesen reformado bajo la vigilancia de un centro", comentan quienes conocen de cerca el programa. Es el caso de Antonio, nombre inventado, que necesitaba quedar para desayunar con su tutor para poder levantarse por las mañanas y acudir a su trabajo.
Óscar, también nombre supuesto, trabaja desde hace dos años. Su vida es ahora, más o menos, convencional. Pero su hermano es toxicómano (un final no muy infrecuente entre los chicos tutelados). El chico lo achaca a que él pudo participar en el programa y salir del ambiente de los centros. Su hermano se quedó en la institución. "Ese ejemplo se podría invertir", sostienen desde la consejería. Ha habido casos a la inversa. Algunos de los chicos del programa han cometido delitos o han acabado su etapa de tutelaje sin haber reconducido su vida.
Eso, la comisión de delitos, supone una dificultad de tipo jurídico para la Administración, que es responsable del menor. Sin embargo, cuando el niño se fuga y mediante la denuncia policial, lo que haga el chico ya no es responsabilidad del Gobierno regional, que como "padre" ya cumple con su obligación denunciando su desaparición.
La consejería mantiene los pisos, "algunos son verdaderas residencias con más de 10 chavales", que gestionan directamente organizaciones sociales como Paideia o Cruz Roja. Hay normas, a veces llaves hasta en los armarios, y siempre hay un educador.
El director de otro centro, pero en este caso de Barcelona, no tiene dudas al respecto. En su opinión, "los pisos suelen funcionar bien y, en todo caso, constituyen un entorno mucho más normalizado y parecido a un hogar que un centro en el que hay, por ejemplo, 15 chavales adolescentes conviviendo. Además, el objetivo de un centro de protección debe ser también enseñarles a emanciparse, a gestionar el dinero, la comida y la independencia", opina.
Inma, que se mueve sobre unas botas de tacón alto, insiste en que su experiencia le ha he hecho llegar a una convicción, que cada niño es distinto. Y que por eso es bueno que existan "programas distintos que se puedan adaptar a las características de cada uno". Para ella ha sido fundamental: "Fue mi muleta hasta que aprendí a andar por mí misma".
Niños tutelados
- La Comunidad tutela a 4.600 menores. De ellos, 1.800 son en acogida y están en centros.
- El Programa Vida Independiente surge en 1999 y desde entonces ha atendido a 800 menores.
- Sus responsables cifran el éxito en más de un 70%.
- Participan hostales y pisos compartidos.
El País
En un comunicado conjunto, las centrales sindicales apuntan que hoy, el secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales y la directora general de Política Social les han informado "del proyecto de reorganización administrativa de Residencia Iregua que, bajo el eufemismo de Gestión Privada de Servicios Públicos esconde realmente la privatización del Centro".
Apuntan que "según hemos sido informados, se procederá a convocar a la apertura de un proceso para la concesión mediante concurso de la gestión del Centro de Protección de Menores 'Residencia Iregua', que seguirá ubicado en las actuales instalaciones, pero con una gestión indirecta, es decir, que se procederá a privatizar el servicio".
Se trataría, para los sindicatos, "de una 'concesión administrativa' que es el resultado de un trato entre la administración y una empresa, que consiste en que la administración le entrega el centro, de propiedad y le concede la gestión del mismo".
"La privatización de los servicios públicos, supone sencillamente, convertir en puro negocio, lo que son derechos básicos incluidos en la Constitución e incrementar la precariedad en el empleo. Así se convierten en ganancia, donde lo que prima e importa es obtener el mayor beneficio posible, a costa de empeorar sensiblemente el servicio y las condiciones de trabajo", aseguran.
Para las centrales sindicales, "contra la falsa opinión dominante, hay que declarar con contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, muestra de forma clara e inequívoca, consecuencias como la pérdida del control democrático de los servicios públicos y la disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante, precarización del empleo".
A su juicio,"la transferencia de actividades públicas al sector privado se consolida y extiende un sistema de prestación de dichos servicios basado en la gestión privada fundamentalmente, de las llamadas sin ánimo de lucro como sustitutivo de la gestión pública (centros de día, para personas mayores, ayuda a domicilio, centros de protección de menores)".
Critican que "la mayor parte de estos convenios no salen a la luz pública, porque se conciertan sin publicidad ni libre concurrencia y, cuando esporádicamente se conocen, revelan una elección arbitraria y sospechosa de los recursos privados".
En este sentido, inciden los sindicatos en que "no hay que ser muy listo para saber que cualquier negocio privado tiene como objetivo principal ganar dinero; eso, siendo realista, nos hace pensar que el interés económico prevalecerá sobre el asistencial, mermando de forma inequívoca la calidad del servicio y por ende, el desarrollo integral de los menores acogidos".
En lo referente al ámbito laboral, opinan que "esta medida pone en entredicho el futuro laboral de los trabajadores que actualmente prestan servicio en Residencia Iregua y la precarización del empleo que por parte de la empresa adjudicataria va a ser creado".
A día de hoy existen en plantilla 40 personas, de las cuales 22 son funcionarios de carrera, el resto es personal con contratos de interinidad. El personal funcionario y laboral será ubicado en otras dependencias y centros de la Consejería, "pero esto también supone la destrucción de plazas vacantes y, no nos engañemos, la amortización de otros muchos puestos de trabajo".
Desde los sindicatos UGT, CCOO, STAR y CSIF "se ha venido instando en reiteradas ocasiones a la Administración para que solucionase los graves problemas existentes y que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años en el Centro, con una serie de medidas encaminadas a mejorar el servicio y la calidad, tanto de los trabajadores como de los menores acogidos".
En sus palabras, "la forma de actuar de la Consejería de Servicios Sociales, de la cual depende 'Residencia Iregua', ha sido deteriorar el servicio, enrareciendo el clima de trabajo del centro; la administración ha creado así la falsa premisa de que lo publico es ineficiente y no funciona , por lo que es necesario aplicar mecanismos empresariales que, como mano de santo, solucionarían los problemas existentes".
Ante esta situación, los sindicatos solicitan a la administración autonómica "que no se permita la entrada de la iniciativa privada en la gestión del servicio público y que se dote con recursos suficientes para que el proyecto educativo pueda ser desarrollado con eficacia y se preserven los derechos de los menores y profesionales".
Desde la representación sindical se ha exigido a la Administración "que cumpla los compromisos y medidas que asumió con el Comité de Seguridad y Salud de la Comunidad Autónoma para implicarse en la mejora del centro y lo único que hemos obtenido a nuestras reivindicaciones es silencio".
"La Administración considera que ya ha cumplido el trámite informándonos de su "proyecto de reorganización administrativa" y limitándose a informar que su compromiso con el funcionamiento del centro va a limitarse a adjudicar la gestión del centro a una empresa externa privada en vez de apostar por potenciar y defender el servicio público prestado por empleados públicos", subrayan los sindicatos.
Por ello, desde UGT, CCOO ,STAR y CSIF se avanza que "adoptaremos una postura común para hacer frente a esta nueva privatización de Servicios Públicos, privatización que no asegura para nada una gestión mejor y mas eficiente de Residencia Iregua".
Una joven madre de Elda denuncia que la Conselleria ha entregado a su bebé a una familia de acogida de "forma injusta" y en contra de un auto judicial
La joven eldense Diana Chinchilla ya no sabe qué hacer ni a dónde acudir para recuperar a su hija Ana, que acaba de cumplir un año aunque ella lleva dos meses sin poder verla. La Conselleria de Bienestar Social la ha entregado a una familia de acogida de urgencia al considerar, en virtud del criterio de sus técnicos, que la pequeña no estaba siendo bien atendida. Por eso ha asumido su tutela. Sin embargo, los informes médicos aportados por la madre cuestionan esta decisión y un auto judicial reciente ha desautorizado la medida. En cualquier caso la Conselleria ya ha recurrido.
Los partes médicos emitidos por los pediatras de dos centros de salud de Elda y Mutxamel aseguran que el bebé se encuentra "sano, cuidado y sonriente" y la madre muestra un "gran interés por la niña". Además, un auto emitido a finales de noviembre por el Juzgado Número 8 de Alicante desautoriza el acogimiento familiar de urgencia que ha permitido a la Conselleria entregar a la pequeña Ana, de forma provisional, a la familia acogedora con la que se halla actualmente. A pesar de ello la niña no ha sido todavía devuelta a su madre biológica porque la Generalitat ha recurrido la decisión de la juez ante la Audiencia Provincial.
La vida no se lo ha puesto nada fácil a Diana Chinchilla. Nació en el seno de una familia desestructurada de Elda y en su infancia sufrió un maltrato continuado. Con nueve años fue entregada en acogimiento permanente a Juan Monzó y Cecilia Cabrera, un conocido matrimonio de Elda. Él empleado de banca y ella auxiliar de enfermería en el área de pediatría del hospital. Ambos la han criado junto a sus dos hijos biológicos y otros dos niños más, actualmente emancipados, que también llegaron a su hogar para ser "rescatados" de entornos conflictivos. Acciones humanitarias basadas en el sentido religioso de esta pareja y en su empeño por ayudar a niños en situación de marginalidad y exclusión social. Ahora Cecilia y Juan se enfrentan a la "peor experiencia" de su vida porque a su hija Diana la Administración valenciana le ha arrebatado "lo que más quiere ella, que es a su bebé, y lo que más queremos nosotros, que es a nuestra nieta", dicen ambos muy afectados.
Diana ya ha cumplido 18 años pero dio a luz con 17 tras quedarse embarazada y no tener ningún contacto con el padre biológico. A los seis meses de nacer su hija tuvo una discusión con Cecilia y optó por abandonar, junto a su bebé, la que había sido su familia durante nueve años. Una decisión precipitada de la que se arrepintió a los pocos días aunque la maquinaria burocrática ya no le permitió dar marcha atrás. No hubo una segunda oportunidad para ella y la Conselleria decidió entonces enviarlas a las dos a una familia de Mutxamel en acogimiento de urgencia. Un mes después las separaba y empezaba así la "pesadilla" de la que todavía no ha despertado. A Diana la ingresaron en un centro de menores de Alicante y a la pequeña la dieron provisionalmente a otra familia de la que nada sabe.
"En estos casos la Generalitat tiene centros para que las madres podamos estar con nuestros hijos, incluso en la cárcel las madres pueden estar con sus hijos hasta que cumplen tres años, pero a mí no me dieron esa oportunidad. No soy ninguna delincuente pero me quitan lo que más quiero de forma injusta y ahora no me dejan ya ni verla una hora al mes. Soy una buena madre y no entiendo por qué me hacen tanto daño. Yo sólo quiero estar con mi niña. Es lo único que pido", dijo con el semblante serio y el ánimo hundido.
Cecilia es ahora su único apoyo. "El abuso y la injusticia que se está cometiendo en este caso es tremendo. Ninguno de nuestros escritos, ninguna de nuestras entrevistas con los responsables de la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y del Ayuntamiento de Elda, ninguna de las acciones legales realizadas, ni el auto judicial ni el criterio favorable del Fiscal de Menores han servido de nada. Mi hija está loca por su bebé y desde el primer día se ha hecho cargo de él con todo el cariño y la atención del mundo. Por favor, que se lo devuelvan ya", suplicó ayer Cecilia antes de romper a llorar.
Extraído de Diario de Información
CCOO ha solicitado a la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva que intervenga ante los incumplimientos que se están llevado a cabo en los centros de menores tanto en materia laboral como en legislación de menores.
Situaciones como la ocurrida en una casa de acogida de menores del municipio de Ayamonte, donde un educador castigó a un niño a dormir sobre un colchón en el suelo del lavadero, junto con otros incumplimiento de la legislación y normativa sobre menores y laboral, han llevado a CCOO a solicitar a la presidenta de la Diputación Provincial, Petronila Guerrero, que intervenga para evitar que sean los órganos judiciales la única alternativa que pueda permitir avanzar en las soluciones.
CCOO considera que se está vulnerando la prohibición de privar de alimentación o descanso como formas de corrección. Así mismo este sindicato ha puesto en conocimiento de la Diputación Provincial las graves deficiencias que estos centros están sufriendo, dado que durante las noche, los festivos y fines de semana, una sola trabajadora con rango de auxiliar, tiene que hacerse cargo de hasta ocho niños asumiendo toda la responsabilidad y competencias que la ley asigna expresamente al director del centro, o al educador en su caso, que durante estos periodos están ausentes.
El País 29/09/09 11 menores ingresados por un brote de Gripe A en un centro de menores.
DGAIA PONE EN RIESGO LA SALUD DE 57 NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LOS TRABAJADORES DE DOS CENTROS DE MENORES. MALTRATO INSTITUCIONAL GRAVE de la DGAIA Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Generalitat de Catalunya.
Ayer Lunes, 28/09/2009 ha habido ingresados en los hospitales del Mar y de St Pau de Barcelona un total de 20 menores y 1 educador de los centros Albergue Alcor y centro de día El Bosc por evidentes síntomas de gripe.
En St Pau hay entre 6 menores, con 5 casos diagnosticados de Gripe A.
En el hospital del Mar ha habido 13 menores y 1 educador del Bosc, con 5 casos diagnosticados de Gripe A.
Los menores han sido atendidos inadecuadamente por la DGAIA y sus centros, pasando muchas horas solos, habiendo sólo un educador en cada hospital para acompañarlos, y sin ni tan sólo prever que los niños de urgencias tenían que cenar.
La DGAIA, de acuerdo con las empresas que gestionan los dos centros de menores, la Fundació Mercè Fontanilles y la asociación APIP, ha decidido cerrar a los menores no hospitalizados, y los que vayan siendo dados de alta hospitalaria, en el Albergue Alcor, habiendo de convivir en los próximos días menores sanos, menores con síntomas y menores con la Gripe A diagnosticada.
Ni los menores ni los trabajadores de los centros tienen la atención, ni los recursos ni la información adecuadas para llevar la situación.
También se ha dado la orden de que no ingrese ningún menor más en el hospital
Está el caso grave de un menor, que sufre desde hace 4 meses crisis de ansiedad y tiene diagnosticada una Asma bronquítica grave por la Clínica Platón, que la DGAIA ha decidido que continúe en el Albergue Alcor conviviendo con los otros menores con síntomas y contagiados. Dada esta situación, el Col·lectiu DRARI ha puesto el menor a disposición de la Fiscalía de Protección de Menores denunciando la situación.
Hay otro caso preocupante, el de un menor con una cardiopatía detectada esta noche que la DGAIA ha decidido mantener en el Albergue Alcor.
A última hora, otro educador mostraba evidentes síntomas de gripe.
El Albergue Alcor es una nave industrial que desde hace 9 años funciona como almacén de niños y adolescentes, sin ninguna condición mínima de habitabilidad ni condiciones de seguridad, fuera de toda legalidad vigente. El centro de día El Bosc no tiene ni techo para ofrecer a los menores, que pasan el día a la intemperie las cuatro estaciones del año.
y que los nuevos posibles casos serán atendidos por urgencias médicas en el Albergue Alcor.
- Exigimos a la DGAIA, como Tutora legal de los 57 menores,que les proporcione inmediatamente la debida atención y protección integrales en centros de menores o sanitarios adecuados para la situación actual, y por su acogida y educación en general.
- Exigimos a la DGAIA que clausure inmediatamente y definitivamente los dos lugares, Albergue Alcor y centro de día ElBosc. Que finalice este histórico maltrato institucional a niños y adolescentes.
- Exigimos a la Fiscalía de Menores y al Síndic de Greuges que actúen inmediatamente para la protección integral de los 57 menores, por la clausura de los dos almacenes de menores y por la protección de los trabajadores de estos centros.
- Exigimos a Fundació Mercè Fontanilles y a APIP Asociaciónpara la Promoción e Inserción Profesional que tomen conciencia de una vez de su papel de Guardadores legales de estos 57 menores, que dejen de mantener esta situación de maltrato institucional histórico a menores y trabajadores, y que asuman sus responsabilidades legales y sus consecuencias.
- Hacemos un llamamiento a los Colegios profesionales del sector, a los Sindicatos y a la FEDAIA (Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia) para que tomen una posición clara de Defensa de los Derechos de los Niños y de los Trabajadores.
- Llamamos igualmente a las trabajadoras y trabajadores de centros de menores, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales, Vigilantes de Seguridad y demás, a no aceptar ninguna orden más que suponga una vulneración de los Derechos del Niño o de los Trabajadores.
Contactos y Fuentes :
* DGAIA, Director General Xavier Soley i Manuel, 935 524 438, 935 524 534.
* Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Consellera Carme Capdevila i Palau, 934 831 000.
* Fiscalía de Menores, Fiscal Juan José Márquez Bonvehí, 935 549 109, 935 549 100.
* APIP Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, Josep Ricou presidente, 933 171 614, 934 420 917.
* Fundació Mercè Fontanilles, directora Pepa Arquer, 932 682 222.
El Col·lectiu DRARI دراري hemos sido testigos y partícipes deprimera mano durante toda esta tarde y noche. Contacto: Vicenç Galea iMontero, educador social, 639 741 564, correo-e<drari.hemeroteca@gmail.com>.
En este interesante artículo se expone la realidad del sistema de protección de menores de los países anglosajones, principalmente Estados Unidos. Desgraciadamente, muchas de las situaciones denunciadas nos resultan familiares...es la expropiación de niños a las familias con menos recursos económicos.
¿Y EN ESTADOS UNIDOS ESTO SE LLAMA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ?
Imagina el terror y pánico que te invade cuando despiertas en medio de la noche y te encuentras con un equipo de fuerzas especiales exigiéndote que los dejes entrar a tu casa para llevarse a tus hijos. Los tipos no te muestran una orden de una corte, ni de un juez ni demuestran clemencia. Y solo te dicen que están allí porque recibieron una denuncia de abuso infantil.
Te dan órdenes a gritos mientras que apuntan con sus armas a ti y a tus hijos, y luego se los llevan gritando, al tiempo que el auto desaparece en la oscuridad. Así describe Louise Uccio, de Yonkers, Nueva York, la actuación de las autoridades “protectoras” de la niñez.
Algunos quizás califiquen esos reportes como superfluos, dice Uccio, pero las cifras son alarmantes: cada año, mas de 300,000 niños son removidos de sus hogares por agencias del estado. Decenas de miles de millones de dolares son gastados en esos menores y en las cortes para jóvenes, costos de terapia, drogas, abogados y servicios relacionados.
DEFINICION DE ABUSO INFANTIL
El estado norteamericano define el abuso infantil como la inacción de los padres o guardianes de los menores, que resulta en la muerte, o daño físico y emocional serio, lo cual incluye abuso sexual. Las autoridades encargadas de hacer cumplir esas leyes son usualmente empleados de una agencia que lleva nombres como: Departamento de Protección Infantil, Departamento de Servicios Sociales o Departamento de Niños y Familias.
Observadores del fenómeno señalan que el punto de partida de la separación de familias es el “Acta de Protección Infantil yTratamiento,” endorsada por el senador Walter Mondale en 1974, también conocida como el “Acta Mondale,” la cual sentó estándares para la protección de los niños. Críticos de esas medidas protectoras de los menores señalan que el sistema no funciona. Después de 30 años en práctica la ley ha costado miles de millones de dolares a los contribuyentes y los abusos no disminuyen, pues de los siete criterios federales establecidos, la mayoría de los estados nunca cumple mas de uno.
EL EFECTO DE LA SEPARACION FAMILIAR
Mientras que en la mayoría de los casos los niños arrebatados a sus padres son traumatizados por la experiencia de la custodia, un gran número de ellos nunca regresa con sus padres, muchos son adoptados por otras familias, asesinados, heridos, o quedan con daño psicológico permanente.
El funcionamiento del sistema depende en una red de soplones que reportan sobre lo que ellos perciben como abusos; esta telaraña incluye maestros, policías, terapistas, enfermeras y hasta clérigos. Así como amigos y enemigos de la familia que se han creído la propaganda del Departamento de Protección Infantil (DPI) dice Louise Uccio, de Yonkers, New York. La separación de niños de sus familias también ocurre en las escuelas, o en el transporte escolar antes de que lleguen a su domicilio, dejando a los padres muertos de ansiedad esperando que lleguen sus hijos en la parada del camión.
Una vez que los niños caen en manos del DPI, los pequeños entran en un proceso administrativo complejo el cual incluye una audiencia, usualmente en secreto, sin la presencia de la prensa o del público. La corte ofrece los servicios de un abogado para el padre, otro para la madre y otro para los niños.
Muchas de esas audiencias son tan rápidas que los padres ni siquiera tienen tiempo para preparar una buena defensa.
Decenas de miles de niños son separados de sus familias cada año. Solo en 2005, sesenta y siete mil pequeños fueron ofrecidos a las entidades de adopción de menores, mientras que otros 110,000 se encontraban en espera de padres adoptivos.
Cada uno de estos pequeños ha experimentado dolorosas separaciones de familia, procesos judiciales largos, numerosas casas de adopción, grandes cantidades de drogas y terapia, y a veces, años de espera.
MUJER PIERDE A SUS HIJOS AL IRSE A PRISION
“Women News: reporta que a fines de 1996, Michelle Spruill inicio una sentencia en una cárcel de Illinois por haber cometido varios crímenes cuando era una drogadicta, y sus dos hijos, fueron enviados a un orfanatorio.
Spruil estaba decidida a reunirse con los pequeños y empezó un tratamiento de rehabilitacion y tomo cursos de como ser una buena madre.
Dos años mas tarde, su mejora le hizo ganadora de un traslado a una casa fuera de la prisión donde pronto inició el proceso legal para el reencuentro con sus hijos.
Pero para su sorpresa, le informaron que el “Acta de Adopción y Protección Familiar” una ley federal aprobada en 1997, permite que las autoridades den en adopción a niños que han estado quince meses en un orfanatorio. Michelle llegó tarde y sus hijos ya habían sido adoptados por otras familias.
LOS SECUESTROS LEGALES DE NIÑOS EN ESTADOS UNIDOS
La separación forzada de niños del seno de sus padres por agencias del estado norteamericano hoy dia es descrita por el doctor Charles E.Corry, como "secuestros legales" conducidos fuera de la ley y sin el más mínimo apego al derecho.
Corry acusa al “Departamento de Servicios de Protección a la Infancia” de:
- arrebatar los niños del seno de sus familias en la escuela o en sus casas sin mostrar orden de la corte o presentar evidencia de negligencia, o abuso por parte de los padres,
- satanizar el carácter de la familia, esconder o “perder” evidencia que exculpa a los padres,
- fabricar evidencia contra ellos, mentiras en affidavits o en testimonios bajo juramento en la corte,
- convertir a los niños en rehenes para exigir cooperación de los padres, u obstruir el acceso de la familia por 15 o 22 meses para que estos pierdan la patria potestad sobre los pequeños.
PADRES QUE PIERDEN A SUS HIJOS EN INGLATERRALos amigos de Washington al otro lado del Atlántico también han llamado la atención con el alto numero de niños removidos de sus hogares por el estado. Frances Gibb, editor legal del “Times” reportó en agosto de 2007, que cada año unos mil trescientos niños ingleses son arrebatados a sus padres y puestos en adopción. De acuerdo a Gibb, existen cuando menos cien casos de familias en que probablemente se cometieron injusticias y donde los niños fueron adoptados a fuerza, o injustamente.
NIÑOS INDIGENAS O ABORIGENES SECUESTRADOS EN AUSTRALIAPor su parte, el Asia-Pacific News reportó en enero de este año, que el gobierno australiano rechazó una petición de pago por compensacion a niños aborígenes separados por la fuerza de sus padres en los años 50’s y 60’s. En retrospectiva, el oficialismo del país reconoce que fue una acción poco acertada para apresurar “la integracion” de los nativos a “la sociedad australiana.” Los líderes aborigenes pedían 870 millones de dolares como pago por lo que ellos describen como: “Una Generación Robada.”
ABORIGENES O INDIGENAS CANADIENSES Y LAS “BOARDING SCHOOLS”La costumbre de arrebatar los hijos del seno de sus padres indígenas fue practicada desde el siglo XIX hasta los años 60’s en Canadá y buena parte de los Estados Unidos.
Los encargados de las llamadas “Escuelas para Indios” eran frecuentemente administradas por individuos racistas como Richard Pratt, fundador de la “Escuela Industrial Indian Carlisle,” en Pensilvania, quien en 1892, refiriéndose al proceso de adoctrinamiento de ninios indígenas en las “Boarding Schools” declaro que: “Matar al indio en él, era salvar al hombre.”
En Canadá no era muy diferente. Duncan Campbell Scott, el superintendente del “Sistema de Escuelas Residenciales Canadienses” dijo en 1920 que las escuelas continuarían hasta que todo indígena absorbiera el “cuerpo político nacional” y hasta el fin de la cuestión India y el departamento indio.”
Los niños a su llegada a “las escuelas,” eran obligados a quitarse su ropa indígena, a vestirse y cortarse el pelo al estilo europeo y a separarse de sus familias y amigos. Las condiciones físicas en estos centros eran tales, que los pequeños sufrían desnutrición y enfermedades de la región como tuberculosis.
Las “escuelas” eran generalmente administradas por clérigos que castigaban a los niños que insistían en expresar su cultura, a través del lenguaje, canciones, danzas, cuentos, religión, deportes y comida. Los castigos incluían golpizas, choques/toques eléctricos y privación de comida o agua, largos periodos de trabajo forzado o permaneciendo de rodillas.
El abuso sexual era frecuente, y en algunas “escuelas” más de la mitad de los niños perdían la vida.
Las comunidades indígenas conocedoras del trato que esperaba a sus niños en esos lugares, escondían a los pequeños de los agentes del gobierno. Entre 1894 y 1895, diecinueve indígenas HOPI del pueblo de ORAIBI fueron encarcelados por negarse a revelar a las autoridades el paradero de los niños.
La primera escuela administrada por indígenas en Estados Unidos fue la
“Rough Rock Demonstration School” en Arizona en 1966, y en Canadá fue el “Colegio Blue Quills First Nations” en Alberta, en 1971.
Investigadores y activistas subrayan que la raiz de los problemas de suicidio, drogadicción, violencia doméstica y abuso infantil y sexual que enfrentan las comunidades indígenas hoy dia, se remontan a los abusos de “las boarding schools” de antaño. En 2006 el gobierno canadiense pagó mas de dos mil millones de dólares en compensacion a "ex estudiantes de las boarding schools.”
En contraste el gobierno estadounidense todavía no ha reconocido públicamente sus acciones del pasado contra los indigenas, ni ha aceptado responsabilidad por el trato que reciben niños pobres arrebatados por la fuerza del seno de sus padres
EXPERIMENTOS CON NIñOS EN LABORATORIOLiam Scheff reporta que en el
“Incarnation Children’s Center, elICC de Washington Heights, en Nueva York, niños latinos, afroamericanos y pobres, removidos de sus hogares por la “Agencia de Servicios Infantiles,” son usados para pruebas de drogas patrocinadas por el “Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias.”
Scheff dice que muchas de las madres de los pequeños tenían un historia de drogadicción y habían muerto.
Señala que los experimentos conducidos en el “Centro de Encarnación de los Niños,” son hechos en conjuncio’n con algunas delas companias farmace’uticas mas grandes del mundo: GlaxoSmithKline, Pfizer, Genentech, Chiron/Biocine, y otras.
Agrega que las drogas administradas a los pequeños son tóxicas, y es sabido que causan mutaciones genéticas, fallas de los órganos, destrucción del tuétano de los huesos, deformaciones físicas, daño cerebral y desórdenes fatales de la piel.
Scheff subraya que si los niños rehúsan tomar las drogas, son dominados físicamente y obligados a ingerirlas. Y si continúan resistiendo, ellos son llevados al “Hospital Presbiterano de Columbia”, donde un cirujano inserta un tubo de plástico en sus vientres, y apartir de ese momento, las drogas son inyectadas directamente en sus intestinos. Eso no es ficción, dice Scheff, eso es investigación sobre el SIDA. Las madres de los niños, o los niños mismos, resultaron positivos en la prueba del VIH. Sin embargo, ni los niños ni sus madres fueron informados de un hecho importante; la prueba del SIDA es extremadamente inexacta, pues muestra resultados positivos ante cerca de 70 condiciones del cuerpo.
Estas condiciones incluyen: el resfriado, herpes, hepatitis,tuberculosis, abuso de drogas, inoculación, y algo preocupante;embarazo actual o previo. La inexactitud de esta última condición es doble, pues uno de los más grandes secretos de la medicina es que los falsos positivos en madres embarazadas pueden ser tranferidos a sus niños, proveyendo a los pequeños con una falsa diagnosis.
Este hecho es bien conocido entre los investigadores, dice Scheff, pero ellos no dicen nada a los doctores ni a los niños que están sirviendo como animales de experimentación para la próxima generación de drogas para el SIDA.
Liam Scheff concluye diciendo que el “Centro de Encarnacion de los Niños,” “Incarnation Children’s Center o ICC", es administrado por el “Columbia University’s Presbyterian Hospital” en afiliación con el “Catholic Home Charities” a traves de la Archidiócesis de New York.
Liam Scheff puede ser contactado en:
liamscheff@yahoo.comLA SEPARACION DE FAMILIAS MIGRANTESMigrantes con hijos tambien son parte del creciente grupo de víctimas de la separación familiar. En recientes redadas de la policía de migracion y aduanas, mujeres indocumentadas han sido acusadas de violar leyes federales.
Unas por practicar el contrabando de seres humanos al “contrabandearse a sí mismas”, y otras por usar un número de seguro social de otras personas para adquirir empleo. Ambas violaciones conllevan largas sentencias de prisión.
El estado tambien puede quitarles a los hijos si estos permanecen más de 15 meses en casas de adopción, o si la situación en que se encuentran los pequeños encaja con la descripción de inseguridad que tienen las agencias protectoras de la niñez.
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*Fernando Velazquez es director del Proyecto “Informativo Pacifica”, un programa de noticias en español que se transmite en emisoras de radio en Venezuela, Colombia, Mexico y los Estados Unidos.Personal de centros de menores y mayores se concentran en Granada por la falta de medios.
Los manifestantes piden a la Administración que cubra las bajas y sustituya al personal.
Cerca de un centenar de trabajadores de Igualdad y Bienestar Social se han concentrado a las puertas de la Delegación en Granada para protestar por el cierre del centro de menores Bermúdez de Castro durante cuatro meses, en los que los niños se trasladarán al Angel Ganivet y a otros centros concertados.
Así lo explicó el portavoz de los empleados, que ya han previsto además secundar jornadas de huelga por su situación laboral. La Junta pretende con este cierre, según indicó, no sustituir a las personas que se vayan de vacaciones, y concentrar a los que trabajen en verano en un solo centro, pero tratando como "muebles" a los 25 menores del Bermúdez de Castro y "masificando" las instalaciones que permanezcan abiertas. De igual forma, las personas que hacían las sustituciones no podrán trabajar como otros veranos, algo que "no se entiende" en la actual situación de crisis.
También se han concentrado hoy los empleados de la Delegación por la situación de la residencia de mayores de Armilla, que atiende a 160 ancianos, y en el que "tampoco" se cubrirán las vacaciones, de manera que los mismos usuarios serán atendidos por la "mitad" de la plantilla, por lo tanto "en malas condiciones".
Los trabajadores han pedido reunirse con la delegada, puesto que fue ayer cuando se enteraron del cierre del centro y de la situación en la que queda la residencia, solicitud que por ahora no ha obtenido respuesta, por lo que prevén más movilizaciones.
Ayer los trabajadores de estos centros hacían pública su denuncia en IDEAL. Hoy se han lanzado a la calle en la primera de una serie de movilizaciones con paros de 15 minutos en todos los centros, concentraciones en Granada y Sevilla, así como una huelga de 24 horas.
http://www.cgtandalucia.org/spip.php?article1764
Para más información, consultar la
Denuncia publicada el 03/06/09 UGT critica el "desorden en los centros de menores de Jaén por la privatización de servicios" de la Junta de Andalucía
El sindicato UGT de Jaén criticó hoy que los centros de menores públicos de la provincia se encuentran en una "situación caótica, debido a la continua privatización y externalización de servicios llevada a cabo por la Junta de Andalucía".
JAÉN, 10 (EUROPA PRESS)
El sindicato UGT de Jaén criticó hoy que los centros de menores públicos de la provincia se encuentran en una "situación caótica, debido a la continua privatización y externalización de servicios llevada a cabo por la Junta de Andalucía".
El secretario general de UGT-Jaén, Manuel Salazar, subrayó en un comunicado que con la reducción de recursos y servicios en los tres centros de la provincia, situados en la capital, La Carolina y Linares, "se llegará a la situación que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha puesto de manifiesto en el informe publicado recientemente".
Según recordó el sindicalista, el documento pone de relieve, entre otros aspectos, "el descontrol existente y la agresividad desproporcionada que viven los menores y que sufren los profesionales".
Así las cosas, pidió a la Administración autonómica que no se permita la entrada de la iniciativa privada en la gestión del servicio y que se dote con recursos suficientes para que el proyecto educativo pueda ser desarrollado con eficacia y se preserven los derechos de menores y profesionales.
Salazar solicitó que se mantenga la unidad de acogida inmediata y se ingresen a los menores según edad y no según las plazas libres. "La inanición de la Junta nos lleva a una situación caótica en la que las agresiones son reincidentes, crece la desmotivación de los profesionales y se incumplen acuerdos", subrayó.
Trabajadores del centro Miraflores han denunciado públicamente y ante el Defensor del Pueblo la dureza del centro. Un ejemplo más. Bravo por este grupo de educadores. Lamentablemente, y como siempre, la Administración lo niega todo. A continuación, la noticia aparecida en prensa.
VARIOS PROFESIONALES PIDEN LA INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
Educadores denuncian por su dureza al Centro de Miraflores
Bienestar Social afirma que cumple escrupulosamente la legislación vigente.
- Acceso al centro de menores de Miraflores en Noreña.
Foto:ARCHIVO
Privación de libertad, aislamiento o absentismo escolar. Un grupo de educadores asturianos ha denunciado ante el Defensor del Pueblo las condiciones de los menores acogidos en el centro de Miraflores en Noreña, dependiente de la Consejería de Bienestar Social. Los educadores aseguran que este recurso, destinado sobre el papel a la protección de los menores, aplica a los adolescentes un régimen "de contención". Manifiestan en su queja ante la oficina del defensor, en este mismo sentido, que el centro, como otros en otras partes de España, "viola los derechos humanos"
El escrito remitido al Defensor del Pueblo subraya que el centro aplica un "régimen especial" a algunos menores, los aloja en un modulo diferente del resto y les priva del contacto con los demás por un periodo máximo de siete días. Durante este tiempo, según consta en la denuncia, los menores no reciben clases de ningún tipo, las comunicaciones les son restringidas y los adolescentes no pueden dejar el centro sin la compañía de un educador. En algunos casos, además los menores pueden ser separados del grupo en sus habitaciones o en espacios adaptados con material antivandálico hasta un máximo de 24 horas. Durante todo este periodo, salvo excepciones, no hay control judicial.
La queja formulada ante la oficina del defensor señala además que este tipo de centros están regulados por el decreto 48/2003 y añade que, de acuerdo con esta norma, en ningún caso las condiciones de los menores usuarios de las unidades de alojamiento en régimen especial serán más restrictivas y negativas que las de los internados en centros de responsabilidad penal destinados al cumplimiento de medidas privativas de libertad. A juicio de los educadores que han planteado la reclamación, el centro de Miraflores incumple claramente este artículo de la norma. Los educadores señalan que, en algunos casos, las condiciones son incluso más duras que en el centro de responsabilidad penal de Sograndio. El mismo decreto al que se acogen los denunciantes subraya además que en ningún caso los menores quedarán privados de salidas durante un periodo de siete días. Sin embargo, siempre según la versión que ha llegado al Defensor del Pueblo, algunos de los menores sí son recluidos durante una semana.
La Consejería de Bienestar Social se mostró ayer especialmente dolida por las críticas. Bienestar subrayó que el centro de Miraflores tiene la tipificación de "régimen especial" y avanzó que cumple estrictamente la legislación vigente. El centro está destinado, según la Administración, a menores de más de 12 años con comportamientos de riesgo para ellos mismos o para los demás que, por lo tanto, no pueden ser atendidos en los centros de menores convencionales. Bienestar indicó que el centro, de 18 plazas, cuenta con una plantilla de 36 técnicos y 16 educadores y matizó que el ingreso es siempre temporal hasta reconducir las conductas de agresividad que motivaron el acogimiento. La Consejería de Bienestar se mostró absolutamente convencida de que el Defensor del Pueblo no tomará en consideración la queja por carecer de fundamento. La Administración autonómica concluyó, por último, que denuncias como las formuladas ahora dañan innecesariamente la loable labor de los educadores y generan una alarma social absolutamente injustificada.
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=471548#EnlaceComentarios
A continuación reproducimos una noticia acerca de la situación que se vive en el Centro de Recepción de Menores de Monteolivete, en Valencia. Otro ejemplo que muestra la trágica realidad de muchos menores "protegidos" por las autoridades en el estado español.
El pasado 6 de Octubre, aprovechando el
cambio de turno de las 15:30, un menor
prendió fuego a un colchón. A pesar de que el
fuego fue controlado rápidamente, un pabellón
resultó dañado.
Es de suponer que esta protesta se debe al
fuerte hacinamiento que se vive en el centro
de Recepción de Menores de Monteolivete,
en Valencia. Que en su gran mayoría tiene
encerrados a menores inmigrantes no acompañados,
lo que les hace aún más indefensos.
El centro está preparado para acoger a
45 internos y cuenta con unos 90.
La estancia máxima es de cuarenta y cinco
días, pero los menores pueden pasar más de
un año.
Esta situación fue observada ya el año
pasado a raíz de una inspección de la fiscal
coordinadora de Menores, quién calificó
Monteolivete como “un gueto”. Los educadores
reconocen que en cada habitación
duermen seis personas, el resto lo hacen en
la sala de
televisión, en el suelo. Existe una lista de espera
para dormir en cama, solo se cuenta con
4 retretes y un sinfín de problemas debido
al hacinamiento.
Desde Bienestar Social se niega todo y se
limitan a decir que se trata de algo puntual, a
pesar de llevar un año denunciado.
La Comunidad Valenciana cuenta con otros
88 centros que es de suponer que están en
condiciones similares.
Fuente: Punto de Fuga
| Nota de prensa sobre comparecencia parlamentaria "Informe sobre la situación de la protección y reforma de menores en Aragón" |
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En los últimos tiempos se están viviendo cambios importantes en cuanto al tratamiento institucional de las personas menores de edad, especialmente de las más desamparadas y vulnerables. Sin embargo, ello no se ha correspondido con un debate social de las mismas dimensiones. Desde que MOLIMO (Asociación Aragonesa para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) publicara en 2005 su último informe, este debate ha permanecido callado. Por nuestra parte, hemos recuperado la información pública y la denuncia de estas situaciones de vulnerabilidad, en la creencia de que éstos son instrumentos básicos de la labor de los agentes sociales como agentes de cambio y que su uso es un buen indicador de la salud democrática de una sociedad. La propia Ley 12/2001 de la infancia y adolescencia en Aragón, en su art. 9.3, nos exige esta labor cuando establece que “toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios”. Con este objetivo venimos trabajando en un informe detallado acerca de la situación de la protección y reforma de menores en Aragón. Hemos seleccionado algunas situaciones y recursos por la importancia de los niños y niñas que hay tras ellas y porque son reflejo de los graves problemas que aquejan a la protección y reforma de menores en nuestra Comunidad, como en otros tantos lugares. En este sentido, nuestro trabajo no consiste en valorar situaciones anecdóticas o a profesionales individuales, sino en detectar las condiciones estructurales que permiten que estos graves problemas persistan y, por supuesto, esbozar y proponer líneas de solución y mejora. Destacamos que la creciente privatización de la protección y reforma es una fuente de estos problemas. De un lado introduce lógicas de gestión privada y mercantilista en el seno de los servicios sociales, que prevalecen sobre el “interés superior del menor” que debería regir en todo caso estos servicios. De otro lado, provoca el retraimiento de la administración, que externaliza la gestión de esos problemas y necesidades sociales y evita su responsabilidad para con los asuntos públicos. De cualquier modo, entendemos que esta situación no es inevitable, sino fruto de una determinada voluntad política que está a tiempo de revisar sus planteamientos. En este sentido proponemos lo siguiente: - Interrumpir la tendencia al desmantelamiento de servicios y recursos destinados a la remoción de las desigualdades sociales. Conviene invertir la tendencia a la gestión privada de servicios de titularidad y obligación pública. - Avanzar en una normativa laboral que garantice unas condiciones de calidad en la prestación de los servicios a la infancia y en las condiciones de los/las profesionales que los prestan. Interrumpir en este sentido la consolidación de un esquema en que la empresa privada actúe como intermediaria entre las necesidades sociales y las administraciones públicas. - En cuanto a los menores en situación de extranjería, abandonar la estrategia de centros para extranjeros y articular un sistema de protección orientado a la satisfacción de las necesidades de estos menores en cuanto que menores desprotegidos y no regido por su situación administrativa o las políticas de inmigración. - Establecer una instancia independiente ante la que el menor pueda recurrir en el caso de sentirse maltratado, desatendido o desinformado. Asimismo, esta instancia velará por que las condiciones de la protección y la reforma respeten el interés superior del menor y sus derechos fundamentales. - Dada la especial desprotección de las niñas y la escasa adecuación de los recursos y programas existentes a sus necesidades, se impone un esfuerzo en el estudio de la realidad de esta población y la puesta en marcha de nuevos programas de intervención para esas necesidades específicas –adolescentes gestantes, niñas maltratadas y/o abusadas. - En el ámbito de la reforma, debe abandonarse la perspectiva penal para el tratamiento de los conflictos sociales y personales en que están implicados estos menores. Ello supone apostar por intervenciones preventivas, no centradas en el delito, sino destinadas a eliminar las desigualdades sociales que lastran al/la menor y mejorar su calidad de vida. En caso de mantener la intervención penal, deben desterrarse los elementos del sistema de reforma que obstaculizan la resocialización y reproducen un fracaso que nutre finalmente las instituciones penales. Por último, deseamos que este informe sirva para dinamizar el debate en torno a la protección de los derechos de la infancia, así como para trabajar conjuntamente en la mejora del tratamiento que le ofrecemos. ASAPA (Asociación de seguimiento y apoyo a presos y presas en Aragón) Grupo de menores 9 de diciembre de 2008 Aqui podeis acceder al informe http://asapa.cespp.info/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10 |
Si bien este blog surge para tratar de explicar la realidad "oculta" de la Fundación Internacional O´Belén, lo que sucede con los menores es una realidad mucho más amplia. Por eso, también iremos publicando todas las noticias relacionadas con los niños que sirvan para clarificar la realidad social que estamos viviendo. Por eso, a continuación publicamos un artículo que, nos guste más o menos, sí refleja la tragedia que sufren muchos niños y lo poco que le importa a las autoridades, ya que está en su mano cambiar esta situación.
UGT denuncia el hacinamiento en los centros de menores
Critica que la Fiscalía junte a niños condenados con los de protección
R. Laguna, Valencia
El sindicato UGT ha reiterado su denuncia ante el Síndic de Greuges y la Conselleria de Bienestar Social por el hacinamiento que sufre el Centro de Recepción de Menores de Monteolivete, que en estos momentos duplica su capacidad máxima con más de cien internos. Además, el escrito critica a la Fiscalía de Menores por derivar jóvenes con condenas judiciales al centro de protección.
El portavoz de UGT, Toni Femenía, explica que el centro de Monteolivete "tiene una capacidad de 48 menores y, en estos momentos, duplica su capacidad, con el consiguiente hacinamiento de niños en los dormitorios y turnos en comedores, algo que venimos denunciando reiteradamente en los últimos ocho meses".
Inmigrantes no acompañados
La denuncia es más explícita y habla de que, "en estos momentos, no pueden garantizarse las adecuadas asistencias, ni físicas ni educativas, a las menores allí internados". Así, en las últimas semanas de junio llegaron a estar internados 110 niños, cuando la capacidad máxima es de 48. De entre los menores albergados -explica- la primera semana de julio sólo dos internos eran de nacionalidad española. Ello se debe, indicó Femenía, a que los niños nacionales "regresan a su familia o bien se reparten entre su familia extensa", ya que los centros de acogida también están al máximo de capacidad. En este sentido, añadió, "el problema hoy está en los menores inmigrantes no acompañados".
La denuncia expone gráficamente que el desbordamiento del centro obliga a "realizar diariamente hasta tres turnos de comedor para cada desayuno, comida y cena; a la utilización de un inodoro por cada 40 o 50 menores, o de dos duchas para 40 menores". Además, "los jóvenes no pueden dormir en camas, pues no existen suficientes, ni tampoco hay espacio para ellas, debiendo realizar ýsorteosý para dormir en literas y pernoctando en el suelo el resto de noches".
Asimismo, señala que "en las habitaciones se apiñan necesariamente los jóvenes, compartiendo hasta siete menores un espacio diseñado para tres o cuatro como máximo". De este hacinamiento, que supera el 200% de ocupación, "se puede derivar un problema higiénico y de salud pública".
Y, por si fuera poco, los fines de semana "un educador debe hacerse cargo de hasta 50 jóvenes", lo que impide cualquier planificación o tarea de carácter educativo sobre los internos.
Diversidad de culturas
A ello se añade la dificultad para los educadores que supone la "diversidad de procedencia de los menores, sus lenguas, culturas y costumbres, las edades y necesidades médicas...". Los menores internados proceden en su mayoría de Marruecos y del África subsahariana, como Ghana, Nigeria, Senegal, Gambia o Guinea Ecuatorial.
El sindicato expresa, finalmente, su queja por la "incomprensible actuación de la Fiscalía de Menores de Valencia, de hacer llegar a este centro de recepción menores de reeducación o pendientes de asignación de medida judicial". Y ello sucede, aclararon, "a cualquier hora del día o de la noche, con la dificultad de atención y alteración de la dinámica relacional".
Para UGT, "no parece lo más adecuado, y menos en una situación de hacinamiento, unir menores condenados por la comisión de delitos con menores con perfil exclusivamente de protección". Por todo ello, piden un "desdoblamiento urgente del centro con la creación o adaptación de un nuevo centro de recepción de menores y una adaptación realista de la plantilla".
Por otro lado, la Fiscalía de Menores de Valencia admitió también la carencia de plazas de internamiento, pero añadió que "Bienestar Social intenta solucionarlo con la construcción de centros, como el Jaume I de Picassent, que contará con 50 plazas de nueva creación", explicó la portavoz de la Fiscalía, Susana Gisbert.
Fuente: http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081700_19_484413__Comunitat-Valenciana-denuncia-hacinamiento-centros-menores
